martes, 18 de octubre de 2016

Editorial 05

La escuela pública

Para aproximarnos a la situación actual de la enseñanza pública en España, tomaremos como punto de partida la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), promulgada en 1985, puesto que es la ley que establece la organización general del sistema educativo en nuestro país tras la llegada de nuestra democracia.
El preámbulo de la LODE afianza la enseñanza pública como un derecho básico que debe generalizarse para alcanzar “a todos y cada uno de los ciudadanos”. Asimismo, se pone de manifiesto que el Estado “hizo dejación de sus responsabilidades en el ámbito de la educación” por motivos de desarrollo económico y avatares políticos, poniendo  en manos privadas la educación, de modo que ha sido “más privilegio de pocos que derecho de todos”. Cuestión que la LODE trata de superar consolidando el carácter público de la educación.
Desde la perspectiva de la LODE, deducimos que la enseñanza pública debe ser garantizada por el Estado para asegurar el derecho a la educación de toda la ciudadanía en plan de igualdad, estableciéndose en la misma los grandes principios de:
- Derecho de padres y madres a participar en la educación de sus hijos e hijas.
- Acceso a la educación obligatoria y gratuita en los niveles básicos.
- Libertad de cátedra.
Posteriormente diversas leyes, decretos y disposiciones desarrollan esas directivas o líneas básicas, que culminan con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE), en la que se establece el acceso a la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años.
La LODE clasifica los centros docentes atendiendo conjuntamente a los criterios de titularidad jurídica y origen y carácter de los recursos que aseguran su sostenimiento. Distingue así los centros privados, que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, y los centros sostenidos con fondos públicos, y dentro de éstos los privados concertados y los de titularidad pública, encomendando la educación obligatoria (que se extiende hasta los 16 años), a los centros concertados y a los centros de titularidad pública.
 
Pasados más de 30 años y tras la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), resulta complicado hacer una valoración correcta y equilibrada de los logros y las carencias en ese período. No obstante, apuntamos algunos hechos observados:
- Los centros de titularidad pública, más demandados por la clase media trabajadora, presentan una mayor diversidad académica y un clima de convivencia más complejo.
- Generalización de la enseñanza obligatoria desde los 14 hasta los 16 años, acompañada de una expansión de la enseñanza post-obligatoria (bachillerato y FP media y superior), con un incremento notable de la población universitaria, gracias a la política de becas y al acceso gratuito al bachillerato y la FP en centros públicos, y a la creación de universidades en todas las capitales de provincia.
En el momento actual, la enseñanza está necesitada de cambios y orientaciones que requieren de un pacto amplio para dar respuesta a los retos y los problemas que le afectan.
Podemos distinguir, generalizando, dos tipos de factores que condicionan la percepción social de la escuela pública.
 
Factores de tipo interno, que requieren una intervención urgente, activa y seria por parte de los poderes públicos. Entre ellos:
1. La presencia en los centros de niños y niñas de distinta procedencia, religiones, culturas y costumbres que necesitan de mayor atención y recursos para su correcta integración académica, social y profesional.
2. La presencia de alumnos y alumnas con diferentes niveles de conocimientos y diversas actitudes y motivaciones en el aula que provoca serias dificultades para el desarrollo de la clase, necesitándose de programas y apoyos específicos.
3. Las medidas de recortes que se realizan en el entorno de la actual crisis económica provocan una serie de problemas internos que afectan a la educación:
- Disminución de recursos económicos destinados a becas, desarrollo de programas, gratuidad de libros y material educativo, equipamiento de centros...
- Incremento de la cantidad de alumnado por clase, maquillado por algunas circunstancias excepcionales, que lleva a que en ciertas materias el número de alumnos y alumnas llegue a ser superior a las ratios fijadas.
- Aumento del número de horas lectivas de los docentes, lo que supone un aumento del número de grupos a atender por el profesorado.
 
En lo referente a factores externos, la visión de la escuela pública mostrada por los medios de comunicación repercute negativamente en la consideración y valoración social de la misma y del profesorado, provocando una desconfianza social y un deterioro de la imagen de la profesión docente.
Es de destacar la información sesgada y machacona que se ofrece de los análisis de los resultados de las prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (Informe PISA), por ejemplo. Es razonable pensar que hay sectores interesados en la devaluación de la escuela pública, generando sistemáticamente desconfianza hacia la misma.
 
Y sin embargo, los sectores más dinámicos de la sociedad demandan una escuela pública de calidad al alcance de toda la población, garante de la igualdad de oportunidades y que funcione como un ascensor social y cultural.
Con estas reflexiones invitamos a nuevas colaboraciones que sigan profundizando en el análisis de los problemas y soluciones que afectan de modo más urgente al desarrollo de la educación pública española.

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