lunes, 28 de octubre de 2013

Editorial 02

Derecho a la educación en igualdad de condiciones. Educación, promotora de igualdad.

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26.1

Los poderes públicos tienen el deber de establecer las condiciones necesarias para que el acceso a la educación se realice en igualdad. Para que este principio básico se lleve a la práctica en la realidad consideramos que  merecen  ser discutidos los siguientes aspectos:
  • Igualdad de medios para la educación básica en la escuela pública:
En este sentido, todos los alumnos y alumnas en la etapa obligatoria de la enseñanza debieran disponer de los materiales, libros de texto y recursos necesarios para el desarrollo de su aprendizaje.
La situación real en España al día de hoy varía entre el caso de Andalucía, con libros de texto gratuitos, hasta comunidades en las que están desapareciendo las ayudas para la adquisición de libros y material escolar.
La escuela pública debe tener el material escolar gratuito. Ningún niño, ninguna niña debería estar sin material escolar por falta de medios económicos.
  • El espacio en que el niño puede ser igual es la escuela, ya que en la sociedad no lo es.
El porcentaje de niños y niñas malnutridos está creciendo. Un organismo como UNICEF alerta de que más de dos millones doscientos mil niños y niñas en España están en el nivel de la pobreza y ha hecho propuestas concretas ante el gobierno para la intensificación de ayudas económicas, becas y comedores escolares.
Se trata de un aspecto de vital importancia para la vida adulta y el futuro de nuestros niños y niñas.
Los recortes están privando de un derecho básico a miles de niños y niñas.
  • Atención individualizada al seguimiento del aprendizaje de alumnos y alumnas.
El severo descenso del gasto en educación como consecuencia de la crisis ha traído el aumento del número de alumnos por aula, la disminución del número de profesoras y profesores y el aumento del número de horas lectivas a su cargo. Todo ello dificulta aún más la necesaria atención a la diversidad del alumnado, requisito imprescindible para el éxito de los estudiantes en su aprendizaje.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Ley Wert) hace una declaración de intenciones al respecto. Sin embargo, en las modificaciones que introduce no hay medidas concretas que articulen prácticas efectivas para la atención a la diversidad.
No se está garantizando la adecuada atención personalizada al alumnado.
  • Ayudas para el estudio y becas que promuevan la igualdad de oportunidades.
El sistema de becas y ayudas debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar, lo hagan de igual modo o del más parecido posible al resto de los estudiantes.Este párrafo está extraído del informe que emitió el Consejo de Estado en el mes de agosto, en el que también se critica que el Ministerio no haya previsto en esa reforma de las becas y ayudas al estudio el impacto social y el número de personas que pueden quedarse sin poder estudiar, las que se verán abocadas a abandonar los estudios por falta de recursos económicos y las consecuencias sociales que traerá la nueva norma a efectos de promoción social y de igualdad de oportunidades.
Por su parte, el Consejo de Rectores se pronunció en el sentido de alertar sobre el posible efecto disuasorio y excluyente, tanto para el acceso a estudios superiores como para la continuación de los mismos que pueden derivarse del recorte de becas.
Los estudios realizados por la Universidad de Jaén y la Politécnica de Valencia han venido a  confirmar esa negativa consecuencia, poniendo de manifiesto que unos treinta y cinco mil universitarios han perdido la beca a causa de los requisitos académicos, siendo ochenta y cinco mil estudiantes universitarios quienes podrían perderla en el próximo curso 2014 – 2015, el 30% de los que la recibían hasta ahora.
Privar a quien carece de medios del aporte económico de las becas supone cerrarle las puertas de su desarrollo personal, profesional y social.

El derecho a la educación y el acceso a los estudios en plena igualdad es un pilar básico para el progreso de un país, para la promoción social y la lucha contra la exclusión;  esto exige todos los esfuerzos de una sociedad  decidida a defenderlos activamente.

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